¿La garantía legal es de dos o de tres años? La respuesta depende de la fecha de compra y de la naturaleza del producto. En España conviven dos regímenes legales: los productos adquiridos hasta el 31 de diciembre de 2021 tienen una garantía de 2 años, mientras que los comprados desde el 1 de enero de 2022 disfrutan de 3 años de garantía legal, tras la reforma operada por el Real Decreto-ley 7/2021. Es decir, para compras realizadas desde el 1 de enero de 2022, el empresario responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de tres años desde la entrega en el caso de bienes (art. 120.1 TRLGDCU). Este plazo de tres años se aplica también a los bienes con elementos digitales aunque el contrato prevea un suministro continuo inferior (art. 120.2). Por contra, si se trata estrictamente de contenidos o servicios digitales de suministro único, el plazo de responsabilidad es de dos años, mientras que en bienes de segunda mano se puede pactar un mínimo de un año.
A este escenario se suma la presunción de falta de conformidad (art. 121 TRLGDCU), que no debe confundirse con la duración total de la garantía. En los bienes físicos, se presume que el fallo ya existía de origen si se manifiesta dentro de los dos años siguientes a la entrega; en los servicios digitales de suministro único, esta presunción opera solo durante un año. Superados estos plazos de presunción, el consumidor asume la carga de probar que el defecto es de fábrica y no por mal uso. En definitiva, el "caos" surge de esta disociación: un producto puede estar en garantía (3 años), pero haber perdido ya la presunción a favor del consumidor (a los 2 años), marcando la diferencia entre una reparación directa o un conflicto probatorio.
Esta precisión es vital para productos como smartphones o smartwatches, donde el hardware y el software son indisociables. Si el contrato prevé un suministro continuo de servicios digitales, el vendedor responde por cualquier fallo durante todo el periodo de suministro; pero si ese periodo es inferior a tres años, la responsabilidad legal se extiende imperativamente hasta completar dicho trienio desde la entrega. Además, para garantizar la reparabilidad, los fabricantes tienen ahora la obligación de asegurar la existencia de piezas de repuesto durante 10 años desde que el producto deja de fabricarse, reforzando así la lucha contra la obsolescencia programada.
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